Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
Esta ley crea la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) como la agencia de inteligencia financiera para Chile, amplía las hipótesis de lavado de activos y establece la existencia de figuras sancionables de lavado por negligencia. Adicionalmente, establece un catálogo de instituciones o giros comerciales que, atendida su mayor exposición a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, están obligados a implementar controles preventivos obligatorios, encontrándose sujetos a la supervigilancia de la UAF y debiendo dar cumplimiento a todas sus instrucciones y circulares.
Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.
Esta ley sólo obliga a las empresas con 100 o más trabajadores, al cumplimiento de diversos requisitos en relación con la contratación de personas con discapacidad. Además, se establecen ciertas condiciones que permiten a las empresas cumplir de forma alternativa con su obligación, por ejemplo, efectuando donaciones a proyectos o programas de corporaciones o fundaciones que la ley señala.
Ley N°20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
Esta norma, en términos generales, regula y establece los requisitos para la tercerización de trabajadores o la obtención de servicios a través de empresas que los prestan con su personal propio. Se establecen los supuestos bajo los cuales estas estructuras son permitidas, los ámbitos de responsabilidad de la empresa principal o mandante en régimen de subcontratación y de la empresa usuaria de servicios transitorios. Asimismo, la ley dispone las obligaciones específicas que las empresas deben cumplir, entre las que destacan, la obligación de proteger eficazmente la salud y seguridad de todos los trabajadores subcontratados o de servicios transitorios, y las sanciones procedentes en caso de infracción.
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Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Esta ley establece el marco general para la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. También regula instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de regular el marco de responsabilidad ambiental aplicable a todas las personas y entidades que hayan causado daños ambientales.
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Decreto Supremo N°40, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Este reglamento establece las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley N°20.920, que establece el Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje.
Esta ley tiene por objeto reducir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización. Para ello, establece la Responsabilidad Extendida del Productor, haciendo responsable al productor de los residuos generados por sus productos, desde su generación hasta su valorización o eliminación.
Decreto Supremo N°66, que aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del Artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica.
El reglamento tiene por objeto hacer efectivo el ejercicio del derecho a la consulta de pueblos indígenas que puedan verse directamente afectados por medidas legislativas o administrativas, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo. Para ello, este reglamento regula la exigibilidad y el procedimiento para llevar a cabo un proceso de consulta indígena.
Ley N°20.945, que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia.
Esta ley tiene por objeto incorporar los siguientes aspectos al sistema de libre competencia:
- Sanciona “per se” el ilícito de colusión e incorpora la pena de cárcel para quienes incurran en el mismo.
- Incorpora un sistema preventivo y obligatorio de operaciones de concentración.
- Agrega como ilícito la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí.
- Aumenta los montos de multas pecuniarias para los ilícitos anticompetitivos, entre otras modificaciones adicionales.
Ley N°21.595 que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente y amplía la responsabilidad penal de la persona jurídica.
La ley tiene por objeto, principalmente, sistematizar los delitos vinculados a la actividad empresarial bajo cuatro grandes categorías. Adicionalmente, crea nuevos delitos relativos a atentados contra el medio ambiente y aumenta exponencialmente el número de delitos base por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.
Ley N°20.393 que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos que indica.
La Ley N°20.393 establece los delitos base por los cuales determinadas personas jurídicas podrán ser penalmente responsables, los criterios de atribución de responsabilidad penal, las sanciones y penas a las que se encuentran expuestas. De forma adicional, establece las condiciones necesarias para que las personas jurídicas adopten e implemente modelos de prevención de delitos efectivos que los salvaguarden su responsabilidad penal.
Ley N°21.455 Marco de Cambio Climático.
Esta ley tiene por objeto hacer frente a los desafíos del cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros forzantes climáticos hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de GEI al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de Chile en la materia.
Decreto Supremo N°4, que aprueba el Reglamento de Proyectos de Reducción de Emisiones de Contaminantes para Compensar Emisiones Gravadas Conforme a lo Dispuesto en el Artículo 8º de la Ley Nº20.780.
El reglamento tiene por objetivo establecer los requisitos, obligaciones, procedimientos y registros relativos a proyectos de reducción de emisiones, y los certificados para compensar emisiones gravadas de los contaminantes conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº20.780, modificado por la Ley Nº21.210, que establece un impuesto anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido decarbono, producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono.
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