Ingresan proyecto que tiene por objeto prevenir y sancionar el ecoblanqueo o lavado verde de imagen.

Con fecha 31 de mayo de 2022, ingresó a la Cámara de Diputados, en moción parlamentaria, el proyecto de ley Boletín N° 15044-12 que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen.

Su objetivo es prevenir, definir y precisar el concepto de ecoblanqueo o lavado verde de imagen, conocido como “greenwashing” y regular una plataforma permanente de información ambiental de las empresas, con la finalidad de entregar mayores herramientas para la fiscalización y sanción en caso de incumplimiento.

Contenido

Este proyecto exige que las empresas que efectúen publicidad de la sustentabilidad entreguen información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa, y restringe que prácticas que se ejecuten en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias puedan publicitarse como sustentables.

De conformidad con el proyecto, “publicidad de la sustentabilidad” es aquella que comunica prácticas responsables y sustentables en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de las empresas, sus marcas, productos y servicios. En esta línea, el proyecto encarga al Ministerio del Medio Ambiente, en un plazo de 12 meses contados de la publicación de la ley, la elaboración de un reglamento que detalle los conceptos, adjetivos, indicadores, estándares y certificaciones respecto de la publicidad de sustentabilidad de las empresas.

Estado de tramitación

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados.

A nivel global, se ha planteado la necesidad de establecer sistemas de clasificación o ‘taxonomías’ con el propósito de identificar aquellas actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles. El objetivo es proporcionar un lenguaje común que facilite la comparabilidad entre diferentes actividades económicas, evitando la entrega de información inexacta o falsa sobre las características sostenibles de productos y servicios financieros ofrecidos en el mercado.

En Chile, desde el 2021 se reconoció la relevancia de contar con una Taxonomía nacional que permita identificar las actividades económicas sostenibles. Para este propósito, se elaboró una ‘Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile’, que entregó diez recomendaciones para su desarrollo. Posteriormente, a principios de 2022, en línea con las sugerencias de la Hoja de Ruta y tomando en cuenta las mejores prácticas de otras jurisdicciones, se convocó a un Comité Preparatorio para el Desarrollo de un Sistema de Clasificación de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles. Hasta la fecha, el proceso de elaboración de dicho sistema está siendo liderado por el Ministerio de Hacienda, con el apoyo de los reguladores financieros, supervisores y el Ministerio del Medio Ambiente.

En agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda publicó la “Estructura de taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles para Chile”, que establece un marco con los elementos esenciales que han sido considerados para elaborar la taxonomía. La propuesta distingue entre “Elementos Estructurales” y “Elementos de Contenido”. Los primeros establecen el marco sobre el cual se desarrollará el contenido de la Taxonomía, mientras que los segundos corresponden a los aspectos técnicos, principalmente conformado por la lista de Actividades Económicas Elegibles (AEE) y los Criterios Técnicos de Selección, que permitirán determinar si tales AEE pueden considerarse medioambientalmente sostenibles.

Elementos esenciales de la Taxonomía

Objetivos Medioambientales (OM): Inspirados en la Taxonomía de la UE y otras jurisdicciones (como Colombia y México), los OM incluyen la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible de recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.

Sectores Económicos Elegibles (SEE): La taxonomía define sectores como agricultura, minería, industrias manufactureras, suministro de energía, gestión de agua y desechos, construcción, transporte, comunicaciones e inmobiliarias. Estos sectores se evalúan en función de su contribución a los objetivos medioambientales.

Actividades Económicas Elegibles (AEE): Se definirán a partir del resultado del análisis comparado con otras taxonomías u otros sistemas de clasificación nacionales o extranjeros, considerando su actual o potencial contribución al cumplimiento de los OM y relevancia dentro de la actividad económica nacional.

Reglas Mínimas: Para ser considerada “medioambientalmente sostenible”, una actividad económica debe cumplir con reglas mínimas, como no causar daño significativo a los objetivos medioambientales, contribuir sustancialmente a uno o varios de ellos y cumplir con salvaguardas mínimas.

Más información en: www.hacienda.cl

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha realizado un sondeo entre las Administradoras Generales de Fondos (AGF), revelando que la industria de fondos está avanzando activamente en la integración de criterios de inversión sostenible y factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

 En respuesta a esta evolución y el desarrollo internacional, la CMF tiene contemplado introducir un nuevo marco normativo en el segundo semestre de 2024, centrado en la divulgación de información ESG por parte de la industria de fondos.

La normativa propuesta tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo y la adopción de prácticas, políticas y procedimientos que consideren los riesgos y oportunidades de sostenibilidad en los procesos de inversión de los fondos.

Esta iniciativa no solo promoverá la transparencia y la responsabilidad en la industria, sino que también alineará a las AGF con las mejores prácticas internacionales y las expectativas de los inversores comprometidos con la sostenibilidad.

Para más información: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-article-80066.html