Introducida en 2022, la CSDDD es una propuesta de marco legislativo que pretende establecer un requisito obligatorio de debida diligencia para las empresas que operan en la Unión Europea. Esta directiva pretende abordar y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de las actividades empresariales. La obligación se aplicará a las operaciones de una empresa, sus filiales y sus cadenas de suministro dentro y fuera de Europa. Además, algunas grandes empresas deben contar con un plan para garantizar que su estrategia empresarial sea compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, en conformidad con el Acuerdo de París. Se incentiva a los directores para que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

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